EL AVISO DEL TRIBUNAL ALEMÁN

EDITORIAL

 

La resolución del tribunal federal de Schleswig-Holstein concediendo la extradición a España de Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación de fondos públicos abre un escenario judicial y político insólito en España. Tras manifestarse el obligado respeto a la resolución del Alto Tribunal alemán, deben evaluarse los argumentos de los tres jueces para descartar el delito de rebelión que mantiene en prisión en España a nueve de los líderes del proceso soberanista. El tribunal federal descarta que se pueda atribuir a Puigdemont el grado de violencia que requiere una imputación en Alemania por un delito de alta traición. Tampoco considera que el expresident fuera el “líder espiritual” de esa violencia, sino que se limitó a impulsar un referéndum. La resolución pone en cuestión el relato de los autos del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ve cómo, después de que Bélgica rechazara la extradición de Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, es ahora la justicia alemana quien vuelve a poner en evidencia su trabajo. Tampoco en Suiza, donde se encuentran expatriadas Marta Rovira y Anna Gabriel, las tesis de Llarena han tenido éxito, y sólo Escocia estudia la extradición de Clara Ponsatí, pero por un delito de traición con origen en una ley de 1351.

En espera de que la defensa de Puigdemont decida si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán –lo que demoraría el proceso varios meses más–, Llarena debe decidir si mantiene la solicitud de extradición del expresident. De ser así, se ofrecería una imagen judicial que rozaría el esperpento, con exconsellers sentados en el banquillo de los acusados por delitos de rebelión y penas de 30 años, mientras el expresident sólo puede ser juzgado por malversación de fondos, castigado en casos de extrema gravedad con un máximo de doce años. En esta línea, la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein puede considerarse un aviso a navegantes respecto a un futuro recurso ante los tribunales europeos que la Fiscalía General del Estado haría bien en evaluar antes de presentar su acusación para el juicio en el Supremo.

No estamos, pues, ante el desenlace de la situación de Carles Puigdemont en Alemania ni la extradición será cuestión de días. Pero en el terreno estrictamente político harían bien los gobiernos central y de la Generalitat en aprovechar la situación para avanzar en la senda del diálogo con serenidad. Es muy saludable que todos los partidos y dirigentes restablezcan el respeto al funcionamiento del poder judicial, tanto cuando las sentencias les son favorables como cuando les son adversas. Mientras la justicia hace su trabajo, es hora de construir una relación de confianza que, a su vez, permita salir del laberinto y rebajar la tensión en beneficio de todos, desde los políticos catalanes en el extranjero a los encarcelados, desde el Gobierno de Pedro Sánchez al conjunto de los ciudadanos de Catalunya.

No es momento de tecnicismos, opiniones de barra de bar o elucubraciones interesadas sobre algo tan riguroso como son las leyes y el sistema judicial de democracias como la alemana o la española. La justicia tiene sus ritmos y sus plazos, y sin menoscabo a su contribución al buen funcionamiento democrático conviene dejarla en paz. Entre tanto, todos los actores implicados deberían contribuir a hallar una salida al túnel. Catalunya no puede vivir instalada en la tensión permanente –como desean sectores del independentismo– ni en la negación de una realidad que exige cauces políticos para encontrar una solución al conflicto.

 

 

 

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